La pandemia por coronavirus (SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo grave asociado al coronavirus), conocido como COVID-19 (coronavirus disease 2019), representa una crisis internacional sin precedentes en la era contemporánea, y ha tenido importantes consecuencias no solo sanitarias, sino también económicas y sociales. Como medida de emergencia para evitar la propagación de la infección, el Gobierno de España declaró en marzo el estado de alarma (Real Decreto 463/2020) y confinó a la población en sus domicilios.
Desde el punto de vista sanitario, la pandemia ha tenido como consecuencia directa una reducción extraordinaria en la disponibilidad de la atención médica, debido a la asignación de la mayoría de los recursos humanos y de los espacios físicos para los pacientes con COVID-19. Además, se ha limitado la asistencia hospitalaria no urgente para minimizar el riesgo adicional de infección. Todo ello ha repercutido de forma directa e indirecta en los pacientes con enfermedades crónicas, como son las personas que sufren epilepsia, y ha obligado a los médicos a enfrentarse a nuevos desafíos éticos y de práctica clínica habitual.

Aunque, en la mayoría de los casos, la población infantil parece presentar formas de COVID-19 más leves, la pandemia ha puesto en riesgo el seguimiento médico de los niños que sufren epilepsia y su asistencia a los servicios de urgencia por miedo a los contagios. De forma indirecta, como consecuencia del confinamiento y del impacto económico negativo que ha tenido la crisis, algunos niños y sus familias han tenido diversas dificultades relacionadas con la adherencia al tratamiento y han experimentado un empeoramiento de su situación clínica.
Una serie reciente que analiza el impacto del COVID-19 en niños con encefalopatías epilépticas de origen genético, desde la perspectiva del cuidador, señala una serie de factores que podrían haber contribuido a causar estos trastornos, entre los que se encuentran la aparición de ansiedad (68,6%) o depresión (69,7%) en los cuidadores, las dificultades para comunicarse con su neurólogo (62,8%), los problemas económicos (62,4%), la pérdida de sus terapias (51,8%) y la dificultad para adquirir su medicación antiepiléptica en la farmacia (8,3%).
Además, la pérdida de rutinas y las dificultades para mantener unos hábitos de vida saludables (sueño regular, ejercicio físico diario o no abusar de las nuevas tecnologías) podrían favorecer el incumplimiento terapéutico.

Por ello, es importante que consideremos la creación de un plan de atención integral al paciente que sufre epilepsia. Debemos asegurar el contacto presencial o a través de herramientas de telemedicina con todos nuestros pacientes. Durante la consulta, es preciso enfatizar la importancia que tiene la adherencia al tratamiento y el mantenimiento de las rutinas. Por ejemplo, podemos sugerirles el uso de pastilleros, las alarmas de los teléfonos o descargarse una aplicación para los dispositivos móviles (App), como Eppy, Embrace o SeizAlarm. Hay que simplificar al máximo la pauta y prescribir al menos para tres meses, tanto los fármacos antiepilépticos habituales como la medicación de rescate. Asimismo, es necesario verificar en cada consulta el cumplimiento terapéutico y dar consejos generales para garantizar un patrón de sueño adecuado (cuando sea posible) y ejercicio físico diario, una alimentación saludable y evitar el abuso de las nuevas tecnologías, el alcohol, el tabaco y otras drogas recreativas, cuando corresponda.
Por último, es importante hacer hincapié en que, ante un cambio en la frecuencia o intensidad de las crisis, tanto si están en el contexto del proceso infeccioso agudo como si no, es fundamental consultar con el neuropediatra de referencia.